La Letra Ausente
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SECCIÓN: LA TRAMA DEL OTRO

 

EL MITO DE COLOMBIA Y EL ESTATUS DE LA DEMOCRACIA

Por: MARIO ANDRÉS MEJÍA GUEVARA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las palabras que sirven de epígrafe de este texto, fueron dadas recientemente por el reconocido escritor peruano Mario Vargas Llosa en su paso por Cartagena de Indias, Colombia, en el pasado mes de enero durante una entrevista a un medio de prensa local. No se trata con este texto de un balance literario de su amplia obra, tampoco hacer una recapitulación histórica en la cual se pueda mostrar la relevancia de Vargas Llosa en el contexto de la literatura latinoamericana en época del Boom de escritores de esta región, tampoco se busca hacer una purga política de sus opiniones frente a este u otro gobierno, de este u otro tiempo. Por lo tanto no el sujeto creativo, sino la posición que él ocupa; no una referencia centrada en aquél que recorre creativamente el lenguaje sino todo el conjunto de enunciados que lo preceden. En definitiva, este texto no abarca a Vargas Llosa ni como escritor ni como personaje político, sino más bien como un punto superficial que hace evidente y continuo un discurso que podría llamarse histórico-democrático. De tal forma, este texto tratará de dimensionar el alcance de un mito -en todo su sentido antropológico y el que pueda tener de político, a saber, el de la tradición democrática en Colombia.

 

Muchos de quienes se reconocen como demócratas en Latinoamérica y particularmente en Colombia, resaltan con orgullo la continuidad institucional democrática que ha tenido el país en su historia. Como ejercicio comparativo, se afirma que mientras países como Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay sufrían las atrocidades de las dictaduras, Colombia conservaba el orden democrático. Al mismo tiempo que las oposiciones eran violentamente reprimidas en el sur del continente, Colombia no permitía suprimir la opinión pública como elemento constitutivo de la democracia.

 

Si en Centroamérica se veían dinastías despóticas como los Somoza en Nicaragua, en Colombia se veía la honesta contienda democrática entre partidos. Cosa contraria a lo que les pasó a los países que asumieron la Doctrina de Seguridad Nacional,1 1, según este mito del cual Vargas Llosa es fiel reproductor, Colombia no vio destruir su sociedad y mantuvo la libertad de prensa, el régimen de sus instituciones judiciales, de seguridad, de control democrático, etc. Muchas personas reprocharán a Vargas Llosa y a todos aquellos que sostienen ese discurso, un desconocimiento de sucesos históricos que permitirían concluir totalmente otra cosa. Justamente lo que se ve en funcionamiento y que hace de Vargas Llosa un punto superficial de un horizonte discursivo, es ese mito democrático que omite detalles bastante relevantes. Entre tantos, aquí algunos.

 

Después de la única dictadura militar2 2 registrada en Colombia, en 1953, los dos partidos tradicionales –liberal y conservador- se vieron amenazados de estar afuera del espacio de contienda democrática a cuenta de la popularidad que ganaba el General Rojas Pinilla quien al haber creado un tercer partido político, ponía en evidencia su decidida intensión de afianzarse en el Estado. Ante tal amenaza a sus intereses, los dos partidos olvidaron fácilmente sus arraigadas diferencias y firmaron un tratado: turnar el cargo de presidente cada cuatro años y dividir el amplio aparato burocrático en mitades iguales, algo que sería conocido como Frente Nacional.3 3

 

Si bien con elecciones para cada periodo definido por la constitución, la amplia maquinaria de los dos partidos aseguraba su victoria frente a candidatos de partidos políticos menores, quienes no tenían más apuesta que disputar curules en el Congreso. Que a ese Congreso llegaron representantes del Partido Comunista y de corrientes radicales no es mentira, pero la opción real de elección, la proporción de participación efectiva y la posibilidad de espacios de oposición, tal y como es concebido en la democracia representativa, si bien imposible decir que nulo, fue limitado a su máxima posibilidad. Como ejemplo de lo anterior, el buen decir que se extendió en Colombia: “para qué votar si ya se sabe quién va a ganar”.

 

Pero la extensión de las limitaciones del ejercicio político al interior de la democracia no fue lo único formulado por el Frente Nacional para contener la amenaza comunista, objetivo emblemático de la Doctrina de Seguridad Nacional. Así como pasaba en el Cono Sur, así como lo hacían las detestables y mal recordadas dictaduras, la oposición política –y no tanto democrática- fue estigmatizada, perseguida, deslegitimizada, reprimida. El movimiento campesino de los años 70 organizado en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) puede ser el mejor ejemplo sin necesidad de adentrarse en el movimiento estudiantil o el sindical, cosa que no haría más que confirmar la estrategia de represión asumida por el Estado. El ejemplo por antonomasia en la década de los años 80 a pesar del olvido a que es habitualmente condenado, es la aniquilación sistemática del partido político Unión Patriótica (UP). 

 

De otro lado, la estrategia desplegada contra las guerrillas no fue muy distinta, pero si más intensa. Muchos no verían sino en la resistencia armada la única posibilidad de cambio, y a partir de la década de los años 60’s se configurarían distintas organizaciones guerrilleras. Las FARC se transformaban de guerrilla campesina liberal a guerrilla marxista-leninista en 1964; el ELN estimulada con la revolución cubana y la teología de la liberación nacía un año después; el EPL que veía en la teoría maoísta la mejor manera de conducir la revolución surgía en 1965; el M-19, desde una clara posición social-demócrata, se formó después de las complicadas elecciones de 1974,  lanzando el grito: “Bolívar, tu espada vuelve a la lucha”; el Movimiento Quintín Lame, en 1982, rescataba la imagen del líder de la primera mitad del siglo XX para promover una lucha desde lo indígena; el PRT surge en 1984 como una facción armada del Partido Comunista. Explicar la formación de las múltiples guerrillas como simple efecto de la Guerra Fría o como un modelo de lucha que se impuso como se impone una moda, o como la efervescencia de pasiones que no lograban interpretar las formas democráticas, es una mirada obtusa que ignora la tensión generada entre la limitación democrática, la exclusión social y la represión de las movilizaciones políticas no armadas.

 

Por último un punto relegado en la síntesis que representa Vargas Llosa, en el mito del cual él no es autor. Las dictaduras articuladas bajo el Plan Cóndor para Suramérica y sus experiencias exportadas mediante el Plan Charly para Centroamérica, se basaban en la limitación de las libertades individuales y colectivas, en la supremacía de la figura presidencial, es decir, del dictador de turno fuera este militar o civil como el caso de Uruguay sobre la rama judicial o la rama legislativa y la preponderancia atribuida a las fuerzas militares para ejercer funciones de policía judicial, en otras palabras, el derecho legal de perseguir, allanar, interceptar y detener sin órdenes judiciales y de hacer juicios a civiles. ¿Cómo podían esas técnicas de gobierno encontrar lugar en una democracia? La Constitución de Colombia de 1886 la cual fue ejercida hasta la redacción de otra Carta Constitucional en 1991, estipulaba la existencia del Estado de Sitio que permitía desde su declaración por parte del gobierno, según la causa argumentada para su instauración, limitar libertades individuales y colectivas, restringir la movilización de los ciudadanos, subordinar los poderes judicial y legislativo al ejecutivo, darle a las fuerzas armadas atribuciones de policía judicial (perseguir, allanar, interceptar y detener sin órdenes judiciales y hacer juicios a civiles) o incluso darle armas de propiedad del Estado a civiles organizados como fuerza para-estatal. ¿Pero eso que se aplicaba como Estado de Sitio y que será llamado desde 1991 Estado de Excepción no era justamente eso, una excepción, el ejercicio no regular de un artículo constitucional para afrontar una crisis coyuntural? Entre 1970 y 1991 el Estado de Excepción fue declarado 37 veces que sumaron en total 206 meses o si se prefiere 17 años de aplicación, 82 % del tiempo transcurrido.

 

Lentamente se ve que la distancia aparente entre las repudiadas dictaduras y la afamada democracia no es ni muy amplia y no es más que aparente. ¿Cómo es posible que entre las dos formas de gobierno, presentadas tradicionalmente como antagónicas, existan tantas formas de simpatía y correspondencia? ¿Sería sólo efecto del afán de los gobiernos de Estados Unidos para confrontar el comunismo y todo intento de lucha efectiva contra el capitalismo en tiempos de la Guerra Fría?

 

La cercanía efectiva entre una y otra, las simpatías, correspondencias y semejanzas entre ellas, se deben a que la dictadura y la democracia representativa son los dos nodos de gobierno que la modernidad ha configurado como medio efectivo para ejercer el poder estatal; dos nodos en los cuales se concentran técnicas y tecnologías de poder que les son comunes, o mejor, el campo que los distancia se compone de elementos que les son comunes.

 

En nuestra tradición política solemos distinguir la forma de gobierno, es decir, la forma de constitución del cuerpo político de la técnica de gobierno, a saber, la práctica administrativa. Se suele colocar de un lado la forma de legitimación del poder estatal y, del otro, las modalidades de ejercicio de ese poder, cuando lo que en efecto tiene lugar es una relación simbiótica entre ellas, o de manera más precisa, la forma y la técnica de gobierno establecen series de relaciones que se manifiestan en nodos de una misma superficie que no deja de moverse, que no deja de actualizarse. En ese orden, monarquía, oligarquía, democracia y dictadura, son esferas particulares que definen relaciones singulares entre el conjunto de elementos que les son comunes en su articulación al poder supremo: el Estado.

 

De la fragmentación y distinción entre forma del cuerpo político y práctica de gobierno, justamente surge la oposición entre democracia representativa y dictadura. Para definir la diferencia entre ellas, habitualmente se remite a la forma del cuerpo político para distinguirlas, para establecer sus oposiciones; ¿pero dónde queda el ejercicio efectivo de gobierno, las modalidades de ejercicio de poder? Todas esas técnicas y modalidades descansan en un suelo común, lo que hace que la oposición inconmensurable entre democracia representativa y dictadura no sea más que una pérdida de visión, una ilusión. Nuestro frecuente análisis y reflexión política se ha concentrando en distinguir las formas de gobierno, lo que ha generado entre otras consecuencias la arraigada distinción entre democracia representativa y dictadura. Privilegiando ese punto de análisis, se ha dejado de lado las técnicas de gobierno y sus puntos de acoplamiento con el Estado.

 

Como lo dice Giorgio Agamben, la reflexión política de la modernidad –entre la que se encuentra nuestra experiencia regional con las dictaduras y las democracias representativas-, “se extravía detrás de abstracciones vacías como la ley, la voluntad general y la soberanía popular, dejando sin respuesta el problema a todo punto de vista decisivo, que es el del gobierno y su articulación con el soberano”.4 4

 

Para no distanciarse ni mucho menos olvidar lo que Vargas Llosa representa en el momento en que profiere aquellas palabras que nos sirven de epígrafe, o mejor, cuando esa serie de enunciados lo atraviesan como sujeto, es decir éstos no como producto de su radiante lucidez sino él como efecto de esas palabras, de esos enunciados, vale la pena releer algunos fragmentos a la luz de lo anteriormente argumentado.

 

Sin duda, “el caso de Colombia es muy interesante”. Es interesante no tanto porque no se haya destruido la sociedad, sino justamente porque tal destrucción ha tenido lugar y aún tiene hoy una profunda continuidad. No tanto porque no se destruyeran las instituciones, sino porque éstas han basado su existencia en la extensión de sus limitaciones y la exclusión del sujeto colectivo de los espacios políticos. No tanto porque haya habido libertad de prensa sino porque el espacio público y todo lo que por él circula ha estado bajo el control de las grandes maquinarias de producción de opinión pública. El caso de Colombia es muy interesante, “Vargas Llosa” tiene razón, no tanto porque la justicia, si bien deficientemente, haya funcionado, si no porque millones de ciudadanos pueden dar testimonio de que tal deficiencia es sintomática. Así como el Estado de Excepción no es excepcional sino justamente repetitivo y se convierte en regla, la deficiencia de la justicia colombiana no es algo extraño e inevitable, sino en algo corriente y premeditado.5 5 En otras palabras, es una justicia con un funcionamiento deficiente reglado.

 

El núcleo central del mito, el epicentro enunciativo que permite su reproducción, es este: la dictadura, “en Colombia no ocurrió. Porque hay una tradición legal, institucional, que es un maravilloso activo para este país”. Al resaltar el carácter antropológico y político de este mito, se quiere insistir en su capacidad de constructor de realidad: no mito como una noción de imaginación, magia, ilusión, totalmente distante del mundo material, sino como un sistema de creencias que es capaz de regular prácticas sociales, consentir y sancionar ciertas formas de comportamiento, determinar los códigos comunes de interpretación y establecer continuidades teleológicas del tipo: “eso hay que preservarlo, no hay que deteriorarlo, porque cuando empieza a deteriorarse, no para”. En otras palabras, dar lógica a una condena mitológica.

 

Para terminar este texto, hay que seguir la pista a un juicio normalizador que hace evidente Vargas Llosa: “Normalmente en un país latinoamericano agobiado por la guerrilla, los narcotraficantes, eso hubiera terminado en una dictadura.” Al momento en que se hace ese puente temporal entre un pasado efectivo y un presente o futuro hipotético, se busca evidenciar la desviación a la norma que presenta el caso colombiano, momento fundamental del mito que hace efectivo Vargas Llosa. Sin embargo, como ya se manifestó anteriormente, la oposición entre democracia representativa, de la cual Colombia es tomada como modelo e insignia regional, y las dictaduras, no es sino la consecuencia inmediata de la fragmentación que se hace en la reflexión política de la modernidad. Antes que distancia, proximidad constitutiva, antes que oposición, concordancia del nivel ocupado en cuanto a las técnicas de gobierno. En ese sentido, la anormalidad del caso colombiano, es de nuevo, y a pesar del mito, cooptada por la norma. La excepción a la norma queda sin fundamento, pues ésta retorna a aquella. Bajo ese contexto, entre “eso hubiera terminado en dictadura” o “eso hubiera terminado en democracia representativa”, no hay ninguna diferencia.

 

 

 

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El Nicho de lo Absurdo

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