La Letra Ausente
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SECCIÓN: LA TRAMA DEL OTRO

 

SOMOS SEMILLA, SOMOS MEMORIA, SOMOS EL SOL QUE RENACE DE LA IMPUNIDAD

Por: MOVIMIENTO DE VÍCTIMAS DEL ESTADO COLOMBIANO MOVICE

 

Las víctimas del conflicto armado en Colombia

 

Colombia es un país que ha atravesado múltiples violencias. Desde el siglo XV sus pueblos originarios resistieron la imposición cultural venida de Europa. Más adelante, en el siglo XIX,  con violencia se impuso un modelo político y económico con la fórmula Estado Nación – Capitalismo, generando otro ciclo de violencias que aún no han terminado. 

 

La violencia de los últimos 60 años se puede analizar en dos periodos, el primero conocido como “La Violencia”, que va de 1945 a 1965”, años durante los cuales se enfrentaron dos sectores económico-políticos conocidos como “Los liberales” y “Los Conservadores”.  Estos grupos se disputaban el poder hegemónico manipulando los sentimientos populares y generando una guerra civil interna.  Este periodo culmina con un acuerdo político entre los dos partidos llamado Frente Nacional y que excluía del reparto de las instituciones del Estado a cualquier otra fuerza política.

 

El segundo periodo puede fijarse a partir de 1965 y se caracteriza por la aparición de un conflicto armado interno entre el Estado y las guerrillas, que se presentan ahora con un claro proyecto político para la toma del poder, del Estado o del gobierno.11 Este fenómeno se enmarca en un contexto internacional de auge del comunismo y de la existencia de una guerra fría entre el bloque capitalista y el comunista, en el cual, Estados Unidos, para la defensa del modelo capitalista diseñó un modelo de guerra contrainsurgente que prima el enfrentamiento de tipo militar y utiliza las operaciones encubiertas de terrorismo y la creación de estructuras paramilitares en su área de influencia.

 

Luego de 40 años de la implementación de esta forma de violencia, no se ha podido cuantificar el número exacto de víctimas ni el monto y magnitud de los daños causados. Con respecto a las víctimas de agentes Estatales y de grupos paramilitares, el proyecto Colombia Nunca Más2 22 ha  registrado desde el año 1966 al año 1998 un total de 41.407 víctimas, entre ellas 29.051 ejecuciones extrajudiciales, 3.843 desapariciones forzadas y 8.513 torturas3 33.

 

El Banco de Datos de Violencia Política del CINEP registró entre el año 1988 y el año 2003 un total de 14.476 crímenes de responsabilidad paramilitar, entre los que se encuentran 12.398 ejecuciones, 2.121 desapariciones forzadas y 1.339 torturas4 44.

 

Desde el año 2002 a junio de 2008 el Ministerio de Defensa (con lo cuestionable que puede ser esta cifra) reconoce que un total aproximado de 1.836.585 personas, entre combatientes y civiles, habrían sido afectadas por acciones bélicas.  Es decir, un promedio diario de 744 personas han fallecido en siete años y nueve meses, que cubren el último semestre del gobierno del presidente Andrés Pastrana y seis años de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. 

 

El gobierno reconoce que un total de 19.263 personas, pertenecientes a grupos armados al margen de la ley e integrantes de la Fuerza Pública murieron en combates desde el año 2002.  Mientras las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos hablan de 11.292 civiles asesinados o desaparecidos desde el año 2002, 823 torturados, y tres millones de personas que debieron abandonar forzadamente su hogar por razones relacionadas con el conflicto.5 55

 

Entre el año 2003 y el 2006, después del cese de hostilidades pactado con los grupos paramilitares, se han registrado 3.040 asesinatos cometidos por paramilitares.6 6 Y se constata un aumento del 67,71% en los registros de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la fuerza pública: “Entre julio de 2002 y diciembre de 2007, se han registrado por lo menos 1.122 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuibles  directamente a la Fuerza Pública, frente a 669 casos registrados entre enero de 1997 y junio de 2002”.7 7

 

Con respecto de grupos que merecen especial protección,  desde el año 1991 hasta el 2005, han sido asesinados 2.140 trabajadores sindicalizados, 2.950 recibieron amenazas de muerte por su actividad sindical y se cometieron 7.394 violaciones contra la vida, la integridad física y la libertad de la población sindicalizada.8 8 En lo que va corrido del gobierno de Uribe Vélez (2002 – 2009) más de 430 sindicalistas han sido asesinados;  tan sólo en el año 2008 fueron asesinados 49 sindicalistas.9 9

 

Frente al dolor que genera la guerra encontramos que del presupuesto nacional del 2008 se apropiaron $18.4 billones para el sector Defensa, es decir, más de la quinta parte del total del gasto público se destina a la guerra.10 1  Para el 2009 este presupuesto fue incrementado en un 20%, lo que representa cuatro veces la tasa de crecimiento esperado de la economía.

 

Ocho de cada diez funcionarios del Estado están adscritos al Ministerio de Defensa, bien sea como personal activo de las Fuerzas Armadas y la Policía, o como personal civil de soporte. También en el pie de fuerza ha habido un significativo aumento en los últimos años de manera que, según se desprende de las estadísticas oficiales, mientras en el 2002 había 4,9 soldados por cada guerrillero, en el 2007 se llegó a 15 soldados por cada insurgente.

 

Mientras tanto el presupuesto para la atención  y reparación de los daños causados a las víctimas está integrado por los bienes que voluntariamente entreguen los grupos paramilitares y las donaciones en dinero o en especie, nacionales o extranjeras.11 1 Para el año 2009 se destinó del presupuesto nacional el 0,13 % del presupuesto12 2, aclarando que la principal destinación, en palabras del presidente es  para las víctimas del “narcoterrorismo” y no del total de las víctimas del conflicto colombiano.13 3  

 

En este contexto de creciente militarización y desconocimiento de la real dimensión de los daños generados por el conflicto, las víctimas tratan de recomponer sus vidas, buscan a sus familiares desaparecidos, exigen el castigo de los responsables e implementan acciones para evitar la repetición de los crímenes.  

 

¿QUÉ ES EL MOVICE?

 

El Movimiento Nacional de víctimas de crímenes de Estado -MOVICE- es un movimiento social que agrupa a mujeres y hombres, comunidades de diverso origen étnico, cultural y generacional, organizaciones sociales, sindicales y políticas que hemos vivido el impacto de la violencia generada por el Estado colombiano, a través de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos. 

 

Los antecedentes del MOVICE se remontan a los setenta, cuando surgieron en Colombia las primeras organizaciones de abogados defensores de presos políticos y empezaron a parecer madres y esposas que buscaban a sus hijas, hijos o esposos desaparecidos (as). Estas exigencias y búsquedas han continuado por varias décadas hasta lograr un proceso de unidad de todas las expresiones que claman justicia en Colombia.

 

Ante la creciente impunidad, un grupo de organizaciones sociales de víctimas y de acompañantes de sus procesos, tomaron la decisión en 1994 de resguardar la información sobre violaciones graves a los derechos humanos y  crímenes de lesa humanidad, en un proyecto que se denominó COLOMBIA NUNCA MÁS.  Y en el proceso de recolección y sistematización de la información se fue consolidando el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado –MOVICE-., que salió a la luz pública en junio de 2005 como forma organizativa de las víctimas para enfrentar el proceso de impunidad que se estaba gestando con los grupos paramilitares. 

 

El lema que ha adoptado el Movice es:

 

“SOMOS SEMILLA, SOMOS MEMORIA, SOMOS EL SOL, QUE RENACE DE LA IMPUNIDAD”

 

 ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR LA IMPUNIDAD

 

El MOVICE planteó inicialmente la puesta en marcha de ocho estrategias encaminadas a hacer realidad los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral, la memoria y la no repetición de los Crímenes de Estado.  En el año 2010 se sumó la novena estrategia debido al drama que viven los exiliados políticos en el extranjero.

 

Las víctimas de los crímenes de Estado hemos desarrollado una serie de acciones con miras a que las ocho estrategias se proyecten como mecanismos efectivos para la superación de la impunidad y la reivindicación integral de nuestros derechos.

 

A nivel regional, nacional e internacional hemos trabajado en el desarrollo de las estrategias y algunas han alcanzado un mayor impacto social y político que otras. A continuación presentamos un pequeño panorama de cada una de ellas y los alcances de nuestras comunidades en su desarrollo:

 

1- ESTRATEGIA JURIDICA

Se busca perseguir a los máximos autores de los crímenes y demostrar la responsabilidad de agentes estatalesque va de la Ideación, planeación y ejecución del crimen; hasta el encubrimiento, la financiación, la emisión de fallos judiciales favorables a los criminales y el encubrimiento por medio de la desinformación en los medios masivos de comunicación.

 

 

Para esto se combinan varias acciones, entre ellas:

 

- Investigar y documentar sobre paramilitarismo y connivencia con el ejército la policía, administraciones locales u otros estamentos del Estado.

- Consolidar un listado de bienes de las víctimas  que se encuentran en cabeza de desmovilizados y/o testaferros.

- Consolidar una base de datos que contenga aspectos como: Composición de las estructuras paramilitares, jurisdicción donde actuaban, Planificadores y ejecutores, crímenes cometidos,  mecanismos de actuación y ejecución de los crímenes, relaciones con agentes estatales, contextos locales y responsabilidades, entre otros.

- Adelantar procesos judiciales en la jurisdicción  interna para generar desde ahí un presión jurídica que contribuya al esclarecimiento de los hechos y obtener las pruebas que posibiliten abrir nuevos procesos contra los paramilitares.

- En caso de que nuestros  casos queden en la impunidad, podemos acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e informarnos sobre la Corte Penal Internacional y otros mecanismos de la Jurisdicción Universal. 

 

2- UNA ESTRATEGIA POR LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTORICA

Para nosotros(as) es muy importante recuperar la verdad y la memoria histórica, como una oportunidad para que nosotros, nuestras víctimas y comunidades, que hemos sido excluidas, perseguidas, estigmatizadas y exterminadas podamos participar  de la vida pública.

 

Salvaguardar la memoria histórica de las víctimas y de la opresión y sufrimientos de nuestras comunidades, implica  romper con  la desvalorización del pasado. El Estado no solo amenaza el legado de las víctimas mediante el silencio, el olvido y la estigmatización, sino también mediante  la imposición  de una memoria histórica que difama de los líderes sociales y oculta las estrategias de guerra sucia que se han utilizado para imponer el modelo de sociedad actual.

 

Para esto se realizan las Audiencias Ciudadanas por la Verdad, como mecanismos de recuperación de la memoria y sanción pública y moral a los genocidas,  además de ser espacios para que nosotros, las víctimas participemos en la vida política de nuestra región y país y visibilicemos la difícil situación que hemos tenido que enfrentar, al ser atacados por el Estado y sus estructuras paramilitares.

 

 ¿Qué resultados hemos obtenido frente  a las Audiencias ciudadanas por la verdad?  Se han realizado 8 audiencias:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Audiencia de San Onofre, febrero de 2007

- Audiencia de  Bogota, Julio de 2007. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado participó en esta audiencia que fue acordada  en el marco del I Encuentro de víctimas pertenecientes a organizaciones sociales

- Audiencia de Buenaventura Agosto de 2007

- Audiencia de Saravena – Arauca, Noviembre de 2007, donde varias organizaciones del MOVICE participaron.

- Preaudiencia de Medellín, diciembre de 2007

- Audiencia de Catatumbo, Abril 2009

- Audiencia de Barrancabermeja, Abril de 2009

- Audiencia de Caquetá, Septiembre, 2009

 

En cada audiencia  se han presentado diferentes testimonios, se han recogido y documentado cientos de  casos y las comunidades, al igual que las  autoridades locales y los  miembros de la comunidad internacional han escuchado atentamente las situaciones regionales. Otros resultados que hemos obtenido con la realización de las Audiencias Ciudadanas son:

 

- Presentación de testimonios: en cada una de las audiencias, las víctimas hemos presentado testimonios que ponen en evidencia la gran cantidad de  crímenes de Estado que han ocurrido en nuestras regiones,  quienes han sido los responsables de esos crímenes, quienes se han beneficiado, y los mecanismos que han permitido que los crímenes permanezcan en la impunidad. Por ejemplo,  en San Onofre todo lo relacionado con la hacienda el Palmar y los horrores que ocurrían con la complicidad de autoridades lo pusimos  en evidencia; en Buenaventura, denunciamos las desapariciones de jóvenes por parte de paramilitares y la complicidad de las fuerzas militares; en Arauca las ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias y así en cada una de las audiencias.

 

- Recolección de denuncias. Las audiencias han sido también un espacio para que muchas víctimas se acerquen a poner en conocimiento del MOVICE, la opinión pública, las  autoridades y la  comunidad internacional sus casos. En San Onofre se recogieron 300 denuncias, otro tanto similar en Buenaventura y 217 en Arauca. Esto nos permite ver  cómo las audiencias motivan a muchos(as) de nosotros(as) a exponer los casos, a que se sigan documentando los crímenes y que encuentren una alternativa al olvido y la impunidad en espacios como  las audiencias. 

 

- Articulación con la estrategia jurídica. Los testimonios que se han recogido y los casos documentados, han permitido tener conquistas en la lucha contra la impunidad. En San Onofre se abrió investigación por parte de la Fiscalía, al ex alcalde JORGE BLANCO FUENTES, de igual manera se sigue investigación contra otros políticos de la región.

 

- Espacio público y visibilización. La participación de nuestras comunidades  y autoridades en las audiencias ha sido significativa. Hay un llamado moral que se está construyendo en  las audiencias. Por ejemplo, ha sido importante  la participación de instituciones gubernamentales como la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la Republica y la presencia en algunos casos, de representantes de instancias de control del Estado,  la Rama Judicial y personas con la función de velar por la defensa de los derechos humanos  como el ex-Defensor del pueblo Eduardo Cifuentes.

 

 

3- UNA ESTRATEGIA PARA LA MEMORIA Y LA REPARACIÓN INTEGRAL DESDE LAS VÍCTIMAS: LA COMISIÓN ETICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La propuesta de una Comisión Ética en Colombia surgió del intercambio de experiencias de varios encuentros internacionales realizados a partir del 2002 en el Cacarica, en los que participaron entre otros:

 

- De Chile: la Comisión Ética contra la Tortura, la Agrupación de Ex presos y ex presas políticos, los Indígenas Mapuches.

- De Argentina: Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo y la Agrupación HIJOS.

- De Brasil: el MST; de México: la Sociedad Civil de las Abejas – Familiares de la Masacre de Acteal, la Red de Defensores Comunitarios de Chiapas, el Consejo Indígena Popular de Oaxaca – CIPO RFM.

- De El Salvador: Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador y CRIPDES.

- De Guatemala: Abogados que participaron de la construcción del informe REMHI (recuperación de la memoria histórica de los crímenes de lesa humanidad en Guatemala).

- De Panamá: indígenas Kunas y el Comité de Familiares de Desaparecidos.

 

Desde esta experiencia empezamos a trabajar en propuestas concretas de búsqueda de verdad y justicia, de afirmación al derecho a la Memoria Histórica de nuestras comunidades y de allí surgió la propuesta de la Comisión Ética. En el contexto de surgimiento del Movimiento Nacional de Víctimas, se planteó esta propuesta en conjunto con las más de 200 organizaciones que conforman el movimiento.

 

¿Qué es la comisión Ética?

La comisión ética es un intento por reconstruir memoria como referente ético del juzgamiento que la humanidad y el pueblo colombiano tarde o temprano deberán realizar y un punto de partida para que identifiquemos  los perjuicios de la destrucción de la vida humana, individual y comunitaria, de valores como la seguridad, la tranquilidad, las relaciones humanas, el acceso a la justicia, la autoestima individual y comunitaria, nuestra cultura, nuestras expresiones étnicas, raciales, religiosas y lingüísticas, la paz y la confianza destruidos conciente y sistemáticamente por parte del Estado y que deben servir como base para la reconstrucción de una nueva sociedad.

 

La comisión ética no  es una Comisión de la Verdad, ya que una Comisión de la Verdad en un contexto de guerra y el desarrollo de un proceso de legalización paramilitar no es posible. Es una forma de resistir al olvido. Ética en cuanto a sus miembros, valoraciones, conclusiones y recomendaciones. Ética en cuanto a formular un “Deber Ser” de una reparación integral a las víctimas de los crímenes de Estado y una reparación a toda la sociedad colombiana. Ética ya que en medio de la guerra, luchamos  por salvaguardar la Verdad de unas mayorías victimizadas, silenciadas, perseguidas, estigmatizadas. Se pretende que la Comisión Ética sea el punto de partida, de lo que será una Comisión de la Verdad en el futuro.

 

Metodología

Durante un semestre, 2 o 3 de los miembros de la Comisión Ética evalúaran 2 grupos humanos o comunidades victimizadas, con el apoyo de dos equipos interdisciplinarios de investigación.

 

Al comenzar cada semestre, los miembros de la Comisión Ética anunciaran en rueda de prensa el inicio de la evaluación sobren las comunidades, luego se trasladaran durante una semana a los lugares o territorios donde nos encontramos las víctimas y/o sobrevivientes.

 

Después iniciaremos  el proceso de recuperación de las historias, a través del equipo interdisciplinario (realizaremos de talleres y recuperaremos los procesos penales, de pruebas documentales y testimoniales) .Parte del apoyo a esta labor de recuperación de la Memoria Histórica se basa en lo adelantado por el Proyecto Nunca Mas y las historias colectivas de las comunidades. Este proceso de recuperación es sistematizado, para que posteriormente sea presentado públicamente en una rueda de prensa por parte de los miembros de la Comisión Ética, junto con las conclusiones y recomendaciones.

 

Simultáneamente los miembros de la Comisión irán construyendo  museos de la memoria en sus países, en donde se expondrán objetos, textos, cantos, semillas de las comunidades y organizaciones  participantes. Estos museos se convertirán cuando las condiciones están dadas, en un gran museo de la memoria en nuestro país.

 

Duración de la Comisión Ética

Para lograr recoger y sistematizar la información y las historias de las comunidades y víctimas, la Comisión trabajará durante 10 años. De esta manera, pretendemos recuperar la Memoria Histórica de aproximadamente 20 comunidades. 

 

4- UNA ESTRATEGIA PARA LA NO REPETICIÓN: LA PROHIBICIÓN LEGAL DEL PARAMILITARISMO

 

Con esta estrategia queremos impulsar un proyecto de reforma constitucional que busca que se eleven a rango constitucional los derechos de las víctimas y que se prohíba cualquier forma de uso de civiles para cumplir funciones propias de las Fuerzas Armadas.

 

Para contrarrestar los efectos de la legalización de las diferentes formas de paramilitarismo y la impunidad, existen dos caminos muy importantes que podemos tomar: la constitucionalización de los derechos de las víctimas de crímenes de Estado, a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, y la búsqueda de mecanismos de no repetición y prevención de tales atrocidades, específicamente para que logremos el desmonte de  las estructuras paramilitares.

 

La experiencia internacional demuestra que en todos los países en que han sido aplicadas estrategias paramilitares, las consecuencias han sido desastrosas. El daño causado a la sociedad colombiana por el empleo de las estrategias paramilitares es inmenso. La destrucción de hogares y comunidades, la usurpación de la tierra, el desarraigo y el empobrecimiento generados por la expulsión de poblaciones enteras a las ciudades,  hacen parte de las consecuencias devastadoras que ha traído la ruptura de los lazos sociales por medio de esta acción criminal. Los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, y los consejos comunitarios afrodescendientes, han sido especialmente afectados por las masacres y el desplazamiento forzado. También las mujeres han sido víctimas de agresión contra sus cuerpos, y han tenido que soportar los peores efectos socioeconómicos del desarraigo. Mientras tanto, en los barrios marginales de las grandes ciudades son los jóvenes quienes han sido perseguidos por campañas llamadas de “limpieza social”, a la vez que los agresores recurren a bandas sicariales que fomentan el delito.

 

Sin lugar a dudas, uno de los mecanismos institucionales más importantes para garantizar la no repetición de las atrocidades cometidas por el paramilitarismo consiste en prohibir, en todas sus formas, la conformación de grupos armados paraestatales y el diseño de estrategias paramilitares. Esta prohibición no ha estado presente ni ha sido lo suficientemente clara en la justicia colombiana. Por el contrario,  han existido decretos que facultan a los militares para usar civiles como apoyo a sus labores de guerra, el decreto No. 356 de 1994, hizo posible la conformación de grupos de particulares –posteriormente llamados “Convivir”-, encargados de servicios de vigilancia y seguridad, con facultades especiales en lo que se refiere al uso de armas, técnicas y procedimientos restringidos, y sometidos únicamente a un control de tipo facultativo por parte del Estado, y recientemente el presidente ha impulsado estrategias de incorporación de informantes y pago de recompensas que han fomentado los llamados “falsos positivos”.  Estos pocos ejemplos  ponen en evidencia como el Estado ha promovido y legalizado prácticas de guerra sucia para enfrentar a los que considera sus enemigos.

 

5- UNA ESTRATEGIA PARA LA REPARACIÓN: EL CATASTRO ALTERNATIVO

La violencia y el despojo de tierras, son una constante en los últimos  500 años de historia Colombiana. La llegada de los invasores Españoles se tradujo de inmediato en el despojo violento de las tierras de pueblos indígenas que poblaban  estas tierras posteriormente fue la época de la primera república, los próceres y terratenientes promovieron guerras civiles, para ampliar su control y propiedad de la tierra campesina, y en el siglo XX y tras el asesinato de JORGE ELIECER GAITAN, el país se ha visto enfrentando en un prolongado conflicto armado en el que la tierra, en el eje principal de la confrontación, en esta confrontación narcotraficante, terratenientes, trasnacionales, políticos y militares que se han apropiado ilegalmente de gigantescas zonas productivas del país.

 

De esta situación ha surgido el fenómeno del desplazamiento, que ya en los años 50 produjeron una oleada de cerca de 3.000 colombianos obligados a huir a las ciudades. Pero a partir de 1980 con la acción combinada del modelo económico neoliberal, el narcotráfico y el paramilitarismo, el desplazamiento con fines de despojo de las tierras, se convirtió en un crimen de hondas recuperaciones sociales, económicas, culturales y políticas, que ha afectado a aproximadamente a 4`500.000  colombianos, y se han usurpado, cerca  5.5 millones de hectáreas.

 

Ante esta realidad tan contundente  y dado el hecho que en Colombia existe una informalidad de la propiedad de la tierra, lo que se traduce en que cerca del 70% de los campesinos desplazados no pueden acreditar su relación de propiedad con la tierra, el MOVICE y antes la Coordinación de Desplazados, CND han promovido el Catastro Alternativo de Despojo, que pretende diseñar un procedimiento técnico,  económico, social, jurídico y político para ejercer el derecho a la restitución del patrimonio usurpado a campesinos y comunidades.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Que es el catastro?

Es un  inventario  técnico usado para determinar  el valor comercial de la tierra urbana rural

 

¿Qué es el catastro alternativo del despojo?

Es el mecanismo diseñado por las víctimas del despojo y usurpación del patrimonio, con el se reúne la información:

 

- Técnica: (mapas, levantamientos topográficos,  registro catastral, avalúos, productividad del suelo, clima etc.).

 

- Jurídica: (relación de propiedades con el predio). (titulo con escritura, carta venta, posesión de hecho, tenencia, ocupante, colono, propiedad comunal, ancestral, propiedad colectiva)

 

- Social: (reconstrucción de la actividad  organizativa y cultural a través de la cartografía social, que permite visibilizar la relación tierra-territorio, más allá  de la actividad económica).

 

- Económico (que levanta el inventario valorizado de los bines patrimoniales despojados: muebles- inmuebles y semovientes, así como la elaboración de tablas para determinar, lucro cesante y valores indemnizatorios, riqueza potencial del suelo, el subsuelo, y el medio ambiente.

 

- Política (que permite establecer, grupos políticos y armados que operan en la zona,  establecimiento de macro proyectos y planes de desarrollo económico).

 

Para que se puede usar el catastro alternativo despojo

Con la información recolectada se puede entablar acciones jurídicas para ejercer el derecho de las víctimas, la restitución y reparación integral en concordancia con el principio que está, debe ser proporcional a la magnitud del daño causado. También esta información puede ser usada para reconstruir la verdad histórica y establecer que personas o grupos se beneficiaron de la usurpación y apropiación ilegal de las tierras de los campesinos

 

¿Qué hace alternativo esta propuesta del MOVICE?

 

- La relación directa con las víctimas y sus organizaciones

 

- La integración de toda la información recopilada, no solo con propósitos económicos sino con el fin de aportar a la lucha contra la impunidad en procura de los derechos a verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.

 

- La información arrojada por el catastro se usa para ejercer acciones jurídicas contra los responsables del despojo y acciones políticas que buscan promover acciones de hecho, recuperando los predios usurpados a través de la movilización de sus víctimas  

 

Hasta cuándo dura catastro alternativo

Por tratarse de una iniciativa de carácter político y alternativo el CAD  se empleará como herramienta demostrativa y de casos emblemáticos, partiendo de comunidades organizadas, con quienes es posible emprender la tarea de reconstruir el mapa topográfico, político, económico, social y cultural de una región o zona determinada.

 

Características del catastro alternativo

Tratándose de una tarea de tan amplia magnitud, el catastro no sólo debe ser una acción  de recolección de información, debe también ser instrumento para el fortalecimiento de procesos organizativos de las comunidades desplazadas, en este sentido la ficha de recolección de   la información contiene  una información general, que manera ágil recauda los datos  necesarios para el levantamiento topográfico del predio y toda los datos de productividad, bienes muebles y animales, que habían en el predio, pero también, información para conocer las particularidades culturales, sociales, étnicas y de genero, de las comunidades, donde se aplica,  esto porque reconocemos que la relación del hombre con la tierra no es solamente económica si no esencialmente cultural.

 

Estrategia de implementación del catastro alternativo.

Primero. Identificación de las comunidades  y zonas preferiblemente por veredas donde se va a  aplicar el formato  de recolección de información.

 

Segundo. Aplicación de la encuesta de datos  levantar  cartografía social, localización de predios en mapas y  sistematización de la información

 

Tercero. Aplicación de la estrategia jurídica según el caso que permita la protección y recuperación del bien, para familias desplazadas.

 

Cuarto. Cruzar información recopilada con información disponible en notariado y registro, Instituto Geográfico Agustín Codazzi.  

 

Quinto. Levantamiento de avalúos a partir de información catastral, área de los predios, topografía e infraestructura de la zona y productividad de la tierra

 

Sexto. Devolución de la información a la comunidad, para la verificación de datos, elaboración colectiva de las acciones jurídicas, organizativas y políticas a seguir.     

 

La implementación de este catastro alternativo, tiene entre sus objetivos políticos más importantes incidir para que el Estado Colombiano, adopte las normas jurídicas que permita proteger los bienes de la población desplazada, pero fundamentalmente para obtener del mismo Estado Colombiano la recuperación del bien perdido y la obtención de la debida indemnización por el tiempo que los campesinos hayan dejado de producir las tierras.

 

6- UNA ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA: LA EXHUMACIÓN DE LAS FOSAS COMUNES Y EL DERECHO A ENTERRAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más de 50.000 personas han desaparecido en Colombia, su paradero y suerte son desconocidos.  Los familiares de los desaparecidos han adelantado una larga lucha y han logrado que en Colombia  se contemple como delito la desaparición forzada, la creación de un procedimiento para activar procesos de búsqueda urgente de personas desaparecidas, sin embargo aún persisten las desapariciones forzadas continúa la impunidad casi total de estos crímenes, en muy pocos casos nuestros seres queridos son encontrados, y casi nunca aparecen vivos; continúa el temor de los familiares y testigos de denunciar porque las estructuras criminales siguen actuando.

 

Frente al drama de lo los desaparecidos  el gobierno colombiano se niega a proteger a los familiares y testigos, niega su responsabilidad por acción y por omisión en estos crímenes, niega el derecho de los familiares a participar plenamente en los procesos de búsqueda, identificación y exhumación,  no aplica a cabalidad los protocolos internacionales, los principios éticos y de respeto a la dignidad de las víctimas en las labores de exhumación de fosas comunes realizadas por la Fiscalía.

 

¿Qué buscamos con esta estrategia?

-  Afirmar el derecho a Buscar a nuestros familiares desaparecidos, evidenciando nuestra esperanza de encontrarlos vivos.

- Afirmar nuestro derecho a la Verdad, a esclarecer lo sucedido.

-  Exigir la sanción penal y ética de los responsables intelectuales y materiales.

- Construir propuestas de dignificación de las víctimas de la desaparición forzada

- Crear formas de acompañamiento integral a los familiares, promoviendo el fortalecimiento de sus procesos organizativos, comunitarios y decisiones en la afirmación de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral.  

- Recibir un trato digno y poder participar en todo el proceso de búsqueda.

- Derecho a contar con asesoramiento independiente.

- Derechos a recibir respuestas a nuestras dudas.

- Respeto por nuestras tradiciones para llevar a cabo los rituales funerarios de  nuestros seres queridos.

- Derechos a que los restos exhumados sean plenamente identificados y a que se realicen  investigaciones serias sobre los hechos y responsables de los crímenes.

- Que el Estado asuma todos los gastos de  búsqueda, exhumación y rituales funerarios.

 

¿Qué hemos hecho?

- Se han realizó talleres con familiares y organizaciones de 16 departamentos para debatir y construir conjuntamente la estrategia.

- Elaboramos un primer mapeo de la ubicación de fosas en diferentes regiones del país.

- Recogimos testimonios de experiencias en procesos de exhumaciones.

 - Iniciamos un proceso formativo con familiares y organizaciones.

- Propiciamos el intercambio de experiencias con otros países .

- Establecimos contactos a nivel nacional e internacional con personalidades y organizaciones que llevan años de experiencia en procesos de exhumaciones, como el Dr. Pau Pérez Sales, asesor del proyecto NUNCA MAS de Guatemala y del      Grupo de Acción Comunitaria en atención Psicosocial y Salud Mental; asesor de        la Comisión Ética. El Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial - ECAP- Guatemala que lleva más de 15  años de acompañamiento psicosocial en procesos de exhumaciones. El Equipo Peruano de Antropología Forense, EPAF, con años de experiencias en exhumaciones, investigación antropológica del contexto de la violencia política; en este momento llevan a cabo el proyecto de memoria de los desaparecidos en Perú. Y el Grupo ARANZADI, del país Vasco. Encargados de las Exhumaciones de las Víctimas del Franquismo en España; asesores de la Comisión Ética.

 

7- UNA ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA EL GENOCIDIO POLÍTICO

 

La estrategia de lucha contra el genocidio político busca visibilizar los hechos genocidas sucedidos en colombia contra partidos políticos como el Partido Comunista Colombiano, la Unión Patriótica y A luchar.

 

El genocidio o asesinato de masas es un delito internacional que consiste en la comisión, por funcionarios del Estado o particulares que actúan con su anuencia o colaboración, de un exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivos de nacionalidad, ideas políticas , etnia, raza o religión.

 

Estos actos comprenden la muerte y lesión a la integridad física o moral de los miembros del grupo, el exterminio o la adopción de medidas destinadas a impedir los nacimientos en el grupo.

 

La matanza por motivos de ideología política está en debate, pero no está firmemente considerado como genocidio, aunque a veces se aplica el concepto por analogía.

 

Aunque las leyes colombianas condenan el genocidio, la persecución contra los líderes y miembros de los partidos e iniciativas políticas de oposición es una realidad cotidiana y las leyes que condenan estos hechos están  muy bien guardadas en la caja fuerte del perdón y el olvido, y frente  a ello  la inmensa e histórica montaña de la impunidad.

 

El genocidio político y social en Colombia presenta aspectos comunes con el genocidio como es internacionalmente reconocido y que tiene como objetivo sistemáticos el exterminio de grupos humanos enteros:

 

•  El Estado, haciendo uso de  su estructura  civil y militar ha implementado planes  como el “baile rojo”, “golpe de gracia”, “plan retorno” entre otros,  centrados  a exterminar a sus opositores político.
• Utilizando diversas estrategias de guerra sucia se aplican métodos legales e ilegales para exterminar a las víctimas.
• Se justifican de los crímenes acusando a las organizaciones políticas, sindicales, campesinas, estudiantiles, indígenas de colaboradores de la guerrilla. Para el Estado, las víctimas somos personas, grupos y  organizaciones  “desleales al Estado” y portadoras de  “ideologías peligrosas”.
• Desde los gobiernos se  han generando políticas de Estado para que los responsables del genocidio se adueñen de los bienes de las víctimas, un ejemplo de ello se ve en la propiedad de la tierra y  el plan retorno en Urabá.

 

Aunque no hay cifras precisas sobre  el número de organizaciones y colectividades que han sido exterminadas o gravemente destruidas por el genocidio y los procesos de exterminio sistemático, las víctimas señalamos que  sentimos propios los esfuerzos de las víctimas y sobrevivientes del Partido Comunista y de la UP por obtener la Verdad, Justicia, la Reparación Integral, la Memoria Histórica y las Garantías de No Repetición  y nos interrogamos sobre  otras organizaciones y colectividades  exterminadas o gravemente afectadas por el genocidio,  recordando  que es nuestra responsabilidad ante la historia, ante las víctimas y  sus familias, resolver estos interrogantes, esa verdad con justicia, del genocidio político y social en Colombia

 

 

¿Qué buscamos con esta estrategia? 

Nuestra estrategia  tiene como propósito impedir que las políticas de perdón y olvido se impongan, que los derechos de las víctimas no sean negociados. Nuestro objetivo es la reparación política y social, la restitución de los derechos políticos y sociales para que el ejercicio de la democracia, la libertad y la justicia sean reales junto a las conquistas de las garantías de participación política.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué podemos  hacer para fortalecer esta estrategia?

 

Solicitar que los organismos internacionales investiguen el caso del genocidio político y social del caso colombiano.

• Se hace necesario también investigar el papel de las multinacionales en los genocidios políticos y sociales
• Impulsar el proyecto de acto legislativo por el cual se constitucionalizan los derechos de las  víctimas de crímenes de Estado y se establecen mecanismos para garantizar la no repetición en Colombia.

 

8- UNA ESTRATEGIA DE ORGANIZACIÓN: EL FORTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO DE VÍCTIMAS

 

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado representa un esfuerzo de unidad y construcción de confianzas de los diversos sectores sociales, étnicos y políticos agredidos por la estrategia autoritaria del Estado. Al convertirse en una fuerza social contra la impunidad, el Movimiento ha venido reuniendo a múltiples expresiones organizadas en un solo proceso que ofrece mecanismos propios de coordinación y consulta permanente en el plano nacional.

 

Una lucha exitosa contra la impunidad requiere, sin embargo, de sólidos y pacientes esfuerzos organizativos en el plano regional, que reúna a las víctimas de crímenes de Estado en un sólo mecanismo de coordinación permanente, y haga realidad las líneas de acción social, política y jurídica en cada lugar.

                      

  Estructura del Movimiento Nacional de Víctimas

El Movimiento es un espacio de encuentro de comunidades y organizaciones que funciona como una Plataforma de Coordinación Nacional.

Tendrá una estructura constituida por:

 

• El Encuentro Nacional de Víctimas
• El Comité de Impulso Nacional
• La Secretaría Técnica Nacional
• Capítulos Regionales
• Comités de impulso regionales 
• Secretaria técnica regional

 

El Movimiento tiene un Comité Nacional de impulso, integrado por representantes de 15 organizaciones, con carácter  rotativo, encargado de desarrollar las conclusiones del Encuentro Nacional. El Comité de nacional de  impulso  debe estar en contacto permanente con los capítulos regionales, podrá designar Comisiones permanentes o transitorias para el desarrollo de sus actividades y planes de trabajo.

 

El Movimiento Nacional de Víctimas se guiará por las declaraciones finales de los Encuentros Nacionales y, especialmente, por las ESTRATEGIAS DE LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD, adoptadas en la tercera Asamblea Nacional de Víctimas de Junio de 2006.

 

Interlocución y relaciones interinstitucionales

El Movimiento Nacional de Víctimas establecerá interlocución con las autoridades del Estado (gobierno y entidades de control), los Organismos Internacionales (ONU, CIDH, CPI, etc), Cuerpo Diplomático, organismos de cooperación y la Comunidad Internacional.

 

El Movimiento Nacional de Víctimas  mantendrá relaciones de intercambio, cooperación y solidaridad con dinámicas como las que propugnan por el Intercambio Humanitario, Organizaciones hermanas nacionales e internacionales de Derechos Humanos, Sindicatos, indígenas, comunidades afrocolombianas, Organizaciones juveniles y de mujeres, Organizaciones y Movimientos políticos.

 

Sobre los capítulos regionales

El Movimiento tendrá Capítulos Regionales, los cuales también designarán un Comité de impulso regional. Los Capítulos regionales actuarán de común acuerdo con  las declaraciones finales de los Encuentros nacionales, el Plan de acción y los lineamientos establecidos por la reunión anual de regionales.

 

Los Comités de Impulso Regionales estarán integrados por representantes de las organizaciones o comunidades locales, que hayan decidido vincularse al Movimiento y que hayan sido designados en sus Encuentros regionales para hacer parte del mismo. Toda organización local perteneciente al Movimiento se vinculará a los capítulos regionales. Los Comités de impulso regionales deben reunirse por lo menos una (1) vez al mes.

 

Hasta el momento se han conformado los siguientes capítulos regionales:

• Capitulo Antioquia
• Capitulo Atlántico
• Capitulo Barrancabermeja
• Capitulo Bogotá – Cundinamarca
• Capitulo Meta
• Capitulo Norte de Santander
• Capitulo Sucre
• Capitulo Valle del Cauca
• Capitulo Caldas
• Tolima
• Caquetá
• Capítulo España
• Capítulo México
• Capítulo Francia
• Capítulo Argentina

 

 

9-UNA ESTRATEGIA PARA EL RETORNO DE LOS EXILIADOS POLÍTICOS16 6

 

Teniendo en cuenta la magnitud del fenómeno del exilio político ocasionado por la persecución al interior de nuestro país, el capítulo regional del Estado Español está construyendo lo que se ha denominado la novena estrategia, que busca analizar el fenómeno del exilio político de colombianos y colombianas y lograr el retorno con garantías de no repetición y en condiciones de dignidad.

 

Esta estrategia propone adelantar una investigación con metodología de acción participativa, para establecer el número de exiliados, los efectos que este fenómeno a causado en sus vidas, y a la vez, fortalecer el tejido social de los exiliados(as) en España.  También se desarrollará una audiencia pública internacional y se acompañará a la Comisión Ética para visibilizar este fenómeno en el exterior.

Para los exiliados su identidad está colmada de pasado y presente y su experiencia resume mucho del dolor de las VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO

 

DE LO QUE FUIMOS Y  SOMOS PARA SER EXILIO17 7

Esperábamos poder detener el largo aliento de la injusticia, ese venido desde los mismos tiempos del grito de independencia y fundación de la república.  

 

Confiábamos en ser parto de un estado nuevo de cosas, reconocimiento de los múltiples rostros del engaño y veto a su señorío tras de cada matanza.  

 

Luchábamos con ahínco, cada cual desde  su lugar y condición, para que llegase la luz del alba y despertase los rincones dormidos de una Colombia entumecida, ya por la seducción de ladrones de oficio, ya por  el pánico sembrado por milicias homicidas. 

 

Fuimos cuerpo levantándose ante el atropello y la desidia: mano campesina, pecho obrero, saliva de abogado, sangre indígena, cabellera de monja, ojo de estudiante, rodilla de maestro, niño y madre. Fuimos estruendo cuando mandaron callar y canto coral en medio del miedo.

 

Nos convertimos en preocupación para glotones empresarios veneradores de la cifra a costa del hambre. Nos convertimos en  molestia insoportable para inversores extranjeros que disfrazaron su codicia tras la falacia de confiar en la capacidad de trabajo y la vocación de paz de nuestro pueblo, y que al fin se dedicaron con cínico descaro a pagar escuadrones de amenaza y muerte, para que eliminaran la pujanza sindical que demandaba  elementales derechos de dignidad y trabajo.

 

Y la autoridad oficial desconoció nuestros pasos. Más aún, hizo de nosotros objetivo en su mirilla. Y las armas del estado fueron eco vergonzoso de la saña con que detona la mafia y la ira de la tiranía. El gobierno hizo  de la recompensa una fábrica tenebrosa de sicarios y las gentes del común fueron instrumento fácil de su ánimo  dañoso con la disidencia política.

 

La propaganda antiterrorista taladrando implacable desde el monopolio mediático, esa propiedad estratégica de los que detentan el poder del cerrojo, trastocó la diferencia en terrorismo y la protesta  en delito.

 

Así fuimos entonces una muerte prematura de la opción política que buscaba cambiar las cosas por la vía del debate de ideas; y los cuerpos torturados fueron arrojados a los ríos y por miles ocultados bajo la tierra baldía; otros, medio vivos, apiñados en calabozos grotescos junto a alimañas indecibles, sin garantía de defensa, ni sustento.

 

Así fuimos entonces  una huida inmensa desde el campo, una sarta de huérfanos y viudas buscando cobijo en el duro asfalto de las ciudades; fuimos una avalancha denunciando el saqueo y la usurpación por la fuerza de nuestras tierras.

 

Así fuimos entonces una explosión de rabia y pánico cruzando fronteras más allá de lo deseable y empezamos a aparecer en libros e informes de allá y acullá. La pesadilla se hizo estadística estrambótica y fuimos la fría versión numérica del propio fuego que acosaba nuestras vidas: treinta mil fosas comunes, cuarenta mil desaparecidos, cuatro millones de desterrados, diez millones de hectáreas arrebatadas a familias campesinas, decenas de miles de refugiados exiliados, centenares de miles de muertos en las seis últimas décadas. Y el horror abarrotando ordenadores, estantes y gráficas powerpoint. Así fuimos y así somos aún: un saldo rojo, déficit de justicia e inflación de impunidad.

 

Hoy somos un inventario permanente de lo que quedó roto a cambio de engrosar la fila de los sobrevivientes; somos una expresión contable de madres, hijas y hermanos atrapados en una obligada despedida; allá y aquí somos seres familiares que crecen y mueren sin que los ojos cariñosos del pariente lo atestigüen.

 

Hoy somos caja resonante para aquellas voces que día a día dentro del país continúan resistiendo  a la desvergüenza de esa clase política, empresarial y militar que han hecho de la trampa y el delito un macabro estilo de gobierno. Hoy, desde un suelo distante al que nos recibiera un día como cuna terrena, acometemos sin pausa cómoda la labor de la denuncia del maltrato estatal y la exigencia de justicia.

 

Kilómetros de geografía no han diezmado el sentimiento de respeto a la memoria de miles de vidas sacrificadas, pues comprobamos con desazón que a la impunidad estructural de un estado como el colombiano, le corresponde también la complicidad estructural de otros estados como el español, que se presentan así mismos como adalides en el respeto a los derechos, pero que en realidad salvaguardan en un silencio lapidario o en un discurso canijo, el beneficio de sus cálculos comerciales, insensibles al sufrimiento y saqueo que significan para el pueblo llano de Colombia.

 

Hoy constatamos además el endurecimiento de las leyes españolas que regulan el derecho al asilo, convirtiéndolo en un mecanismo inoperante, sin músculo verdadero para proteger la integridad de aquellas personas que son objeto de la persecución y del acoso arbitrario de autoridades, gobiernos o grupos ilegales.

 

Las  sedes diplomáticas son ya oficinas plegadas al mandato de las gendarmerías y antes que actuar para la promoción del encuentro y reconocimiento entre los pueblos, fungen como murallas acorazadas, zanjas separadoras e inapelables para el ciudadano común; el gobierno colombiano además las ha convertido en verdaderos dispositivos de inteligencia policial desde donde se diseñan incluso campañas propagandísticas que hacen de la calumnia la  antesala para la criminalización de quienes se oponen a la postura oficial.

 

Hoy somos dolientes aprendiendo en la distancia; cada una y cada uno en el exilio somos intento de activación social, supervivencia económica y consolidación moral; cada una y cada uno trazamos una línea en el horizonte de los días y caminamos hacia ella descontando horas para el regreso; cada una y cada uno somos una contienda con la amnesia, un testimonio para la memoria y una escritura para la historia que detestan los verdugos. 

 

Somos un amor político, herido grave y que se debate entre la vida y la vida; no hay otro lugar para nuestro sueño sino el de la verdad y la justicia; somos un sol terco que alumbra y calienta allí donde se decreta frío y oscuridad.

 

SOMOS SEMILLA, SOMOS MEMORIA, SOMOS EL SOL QUE RENACE ANTE LA IMPUNIDAD

 

 

 

 

 

 

La Trama del Otro

De cuerpo Presente

El Nicho de lo Absurdo

El ombligo del Poder

Coloquio de Soliloquios

Aullido