La Letra Ausente
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SECCIÓN: LA TRAMA DEL OTRO

APUNTES CRÍTICOS SOBRE LA PAZ EN COLOMBIA

 

Por: DIANA MARCELA GÓMEZ CORREAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Entrada

Es complejo escribir sobre un tema tan crucial para Colombia sin caer en repeticiones banas y en el mero sentido común que de común pierde a veces su importancia. El presente texto busca delinear algunos de los puntos que considero cruciales para la negociación del conflicto en el país y la construcción de la paz. Busca, desde una visión positiva del conflicto, “sacar provecho” de la realidad que actualmente vivimos. Este no quiere ser un texto académico sino más bien una serie de reflexiones que parten de la cotidiana vivencia de un país como Colombia con las distintas lógicas que se desprenden de la guerra y la violencia. Lo aquí expuesto parte de la experiencia recorrida con organizaciones de mujeres que trabajan por la paz, de expresiones del movimiento de víctimas en el país y de Hijos e Hijas por la memoria y contra la impunidad, una esperanza en medio de la desesperanza que produce constatar la continuidad de la guerra y la violencia generación tras generación en el país.

 

Al momento de hablar de paz hay algunos aspectos que resultan esenciales como uno inicial referido a la voluntad de las partes - sin la cual puede quedar - aunque no necesariamente, perdidos los diversos esfuerzos de las organizaciones sociales y las distintas expresiones de la sociedad civil que en dicho propósito confluyen. Es común también escuchar hablar de la urgencia de definir el tipo de paz que se busca construir pues no en boca de todos los actores la paz significa lo mismo. Definidos estos dos puntos, sin duda la metodología de la negociación resulta relevante pues ella precisa en gran medida el éxito o el fracaso de las negociaciones. Las tres anteriores premisas son fundamentales en la definición de un camino para la paz, no obstante no serán el centro de la presente reflexión.

 

Existen otros aspectos que considero de suma relevancia para un proceso exitoso de paz en el país, los cuales tienen que ver con los actores y con las demandas o los puntos de negociación de dicho proceso. Así mismo identificó una posibilidad en el actual contexto que a mi modo de ver debe ser “explotada” más conscientemente para un cambio de larga y profunda duración en el país.

 

1. Acerca de los actores

Un repaso a los procesos de paz o a las negociaciones adelantadas en Colombia permiten identificar actores que han sido relevantes tanto para potencializar como para detener o impedir los procesos de paz. Han sido centrales el Estado, las Fuerzas Armadas, los gremios y los grupos alzados en armas, mientras otros actores han tenido menos preponderancia o han sido de tajo olvidados en el proceso. En general la sociedad civil no ha sido seriamente tratada como un actor relevante para las negociaciones, y quizás el único ejemplo significativo es el proceso de paz que tuvo lugar entre el gobierno de Pastrana y las FARC donde diversos representantes de la sociedad civil cobraron importancia con su participación en las audiencias del Caguán. No obstante, esa participación no fue decisiva para avanzar satisfactoriamente en la negociación, y en algunos casos, como el de las mujeres, se convirtió en uno de los primeros ejercicios de incidencia en procesos de este tipo.

 

Subyacen al menos tres lógicas a la participación de la sociedad civil en procesos de negociación del conflicto: uno, sus bajos niveles de experticia en negociaciones e incidencia; dos, el desconocimiento de la importancia de su participación por parte de los actores que suelen tener mayor centralidad: Estado y alzados en armas; y tres, la instrumentalización de su participación por las partes.

 

Dado el trasegar histórico de Colombia y su especificidad, lo que se debe negociar en un proceso de paz no es solamente la dejación de las armas. Se negocia además de un nuevo pacto político y modelos económicos (como lo proyectan al menos las guerrillas), nuevos arreglos éticos y reglas de juego, por eso la importancia de la participación de la sociedad civil. El país necesita, luego de prolongados años de conflicto armado, de violencia degradada y guerra sucia, construir un nuevo horizonte cultural y ético.

Cuando planteo la necesidad de la participación de la sociedad civil no me refiero a una sociedad civil homogénea o la que suele ser representada en estos escenarios por los mismos personajes y las colectividades que representan – si es que representan a alguien -, hablo del alzamiento de la voz de sujetos históricamente discriminados que sufren de manera específica el conflicto armado. Hablo de la voz de los grupos étnicos, indígenas y afro colombianos que son objetivo militar por parte de todos los actores del conflicto; hablo de las mujeres que experimentan la violencia en sus propios cuerpos, concebidos por los actores como botines de guerra; hablo de los jóvenes, niños y niñas que suman las filas de los ejércitos por falta de oportunidades de desarrollo de sus proyectos de vida, de aquellos que son víctimas sobrevivientes del conflicto y de los que representan una nueva posibilidad en el país luego del arrasamiento de una generación pasada que hubiese podido nutrir el debate y las salidas a la guerra, pero que fue brutalmente silenciada.

Evidentemente, y esto es importante hacerlo notar, las desigualdades que sufren indígenas, afrocolombianos, mujeres, niños, niñas y jóvenes no son producto del conflicto, son producto de una construcción histórica y cultural que ha hecho que ellos sean concebidos como una “alteridad” disminuida, desvalorizada, excluida y subordinada. Producto de una sociedad patriarcal excluyente, de un modelo social en el cual ha primado quien representa el ideal burgués y liberal de ciudadano: hombre, blanco, heterosexual, mayor y educado; esto se ha constituido en un telón de fondo que en un contexto de guerra contribuye a exacerbar las discriminaciones de las cuales son objeto estos sujetos sociales.

Fuera o dentro del conflicto las mujeres son violentadas, agredidas sexualmente, sin embargo en un país como Colombia esa realidad se recrudece en medio del conflicto. Lo propio pasa con indígenas y afrocolombianos, quienes en la lógica de la guerra son objetivo militar por las zonas que ocupan y por el deseo de control territorial y de recursos naturales de los actores del conflicto enfrentados. Lo mismo pasa con niños, niñas y jóvenes para quienes la guerra se presenta como una barrera para el desarrollo de proyectos de vida autónomos.

Por la vivencia concreta de esa realidad, estos actores tienen un papel fundamental que cumplir en una negociación, no solo como aquellos que deben exigir sus derechos a la justicia por las vulneraciones de derechos humanos de los cuales fueron objeto en tanto individualidades, sino sobre todo visibilizando las vulneraciones de las cuales han sido objeto como colectividades y para proponer nuevos arreglos éticos y nuevos horizontes culturales. En ese sentido es que planteo la necesidad de ver el estado actual de cosas, la guerra y la paz como una posibilidad. Observar nuestra trágica realidad desde su lado positivo permite desde la conciencia revelar y visibilizar lo que pasa para decir NO MÁS pero también para transformarlo.

A lo mejor en Colombia sea el conflicto el escenario que nos permita reconocernos en la pluralidad de nuestra existencia: negros, afros, indígenas, mujeres, jóvenes, de izquierda, derecha, liberales, conservadores, LGTB  (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales), y quizás sea el conflicto el que nos permita decir que no es lo mismo nacer mujer u hombre, o mestizo o indígena, o ser joven a ser adulto porque nos cruzan desigualdades que deben ser transformadas.

Vale decir que debe haber precaución con identificar a la “guerra” como el único problema de Colombia cuando evidentemente existen otros como los recortes continuos a la democracia, las desigualdades sociales y las discriminaciones. Lo que debe hacerse en el presente - dada la imperiosa necesidad de cesar la guerra y construir la paz -, es avanzar en ese objetivo y al mismo tiempo contribuir a la construcción de nuevos pactos sociales que permitan aproximarse a la consolidación de una sociedad más plural y democrática. En dicho sentido sino todas al menos la mayoría de las organizaciones sociales deberían pensar su aporte a la paz, a una paz entendida no meramente como el silenciamiento de los fusiles y la reinserción de los combatientes a la vida civil sino como una nueva oportunidad para un país que ha perdido dinero, vidas humanas y energía en la guerra, además de arreglos fundamentales para cualquier sociedad como el valor de la vida, la justicia, la verdad y la democracia.

Volviendo a los actores de carne y hueso, indudablemente un proceso de envergadura como la construcción de la paz debe estar acompañado de la presencia de las propias víctimas y/o de las víctimas sobrevivientes. Las víctimas deben tener un concurso directo en la negociación del conflicto, no solo por haber sido objeto de vulneraciones sino como una forma de resarcir el daño causado en la guerra. Estas deben ser escuchadas, sus derechos a la verdad y la justicia deben ser cumplidos y deben ser reparadas. No debe existir, por el contrario, un proceso de perdón obligado, aunque si debe haber uno de reconciliación pactado y acordado por todas las partes en las que cada una aporta de acuerdo a sus responsabilidades en el conflicto. Así como la participación de los sujetos históricamente discriminados le darán un sentido de larga duración a un proceso de paz, las víctimas harán lo propio al visibilizar que han existido terribles vulneraciones a los derechos humanos en Colombia y que sobre esos delitos debe primar la justicia y la verdad como una forma de evitar su repetición, con lo cual se contribuye sin duda a un nuevo horizonte ético, político y cultural.

En la actualidad y por los últimos sucesos ocurridos en el país, los actores relevantes para un proceso de paz no son tanto el Estado o los alzados en armas, sino en general la sociedad civil, tanto la que está organizada en diversas expresiones sociales como aquella que alimenta su visión del conflicto a través de los medios de comunicación y la interrelación cotidiana con otros y otras. A todos a quienes nos interesa la vía del diálogo para avanzar en el fin de la guerra nos convoca la tarea de hacer del camino de la negociación la ruta privilegiada por la cual opta la generalidad o la mayoría de la sociedad colombiana. A puertas de nuevas elecciones no sólo se decide quien gobierna por los próximos cuatro años, sino también la duración, escala y profundidad del conflicto. En ese sentido cualquier esfuerzo como el de “Colombianos y colombianas por la paz” es bien visto y necesario, y requiere, como uno de los retos que le impone el contexto, contar con la máxima independencia para avanzar en su tarea y evitar a toda costa ser instrumentalizado o que sus tareas sean obstruidas por cualquiera de los actores del conflicto.

 

1. Demandas: dosis y/o medidas

Los procesos de justicia transicional puestos en marcha para salir de situaciones de conflicto armado interno por lo general ponen en la balanza la construcción de una sociedad posible y los grados de verdad y justicia que se pueden conquistar producto de las negociaciones. En Colombia esa propia noción se puso en marcha en el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, desmovilización porque sería una falacia hablar de proceso de paz con estos actores. Dicha noción ha activado en el país una discusión de suma importancia sobre los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Quienes hemos sido víctimas de actores de derecha, de las Fuerzas Armadas, de los grupos paramilitares hemos dicho una y otra vez que nuestros derechos deben ser respetados y que en consecuencia deben existir procesos individuales y colectivos que difundan las verdades, que apliquen justicia y que permitan las diversas formas de reparación, derechos que de una u otra manera contribuyen a uno de suma importancia: la no repetición.

La demanda por esos derechos no es una cuestión de individualidades ni de caprichos. La exigencia de esos derechos se sitúa también en la necesidad de conocer la verdad sobre atrocidades cometidas contra diversas colectividades políticas y sujetos históricamente discriminados, al tiempo que se dirige a contribuir a un esclarecimiento histórico de lo que ha sucedido en el país. Esclarecimiento que incluye el conocimiento público de los autores intelectuales de los crímenes que han segado tantas vidas en Colombia.

Por las condiciones actuales del Proceso de Justicia y Paz, uno no podría decir que la discusión con los paramilitares esta saldada. Las bajas penas impuestas, las verdades desarticuladas que han salido a la luz pública y que ponen en evidencia los nexos de los paramilitares con la clase política del país, con empresarios y Fuerzas Armadas, la reconfiguración de estructuras paramilitares y las cientos de vulneraciones a los derechos humanos que se han cometido desde que dicho proceso inicio; hacen necesario que se siga contemplando como una necesidad para la paz el proceso con los paramilitares.

Retomar ese proceso entraña conocer a profundidad la historia y el significado del paramilitarismo en Colombia, la responsabilidad del Estado en su formación y desarrollo, la complicidad o la permisividad de la sociedad colombiana con sus prácticas y las implicaciones que ha tenido para la vida política y la democracia en el país. No puede haber proceso de paz en Colombia si no se conocen y visibilizan las vulneraciones a derechos humanos que han cometido las Fuerzas Armadas, los alcances del paramilitarismo en la política, el entronque entre empresarios, gremios, multinacionales, drogas y economía en la guerra colombiana.

El país necesita conocer y entender con una dimensión histórica el paramilitarismo. Aunque son avances importantes las verdades que se han difundido en torno a la parapolítica, y las que han surgido de las versiones libres de los paramilitares, falta la construcción de un relato histórico que articule esas verdades y al tiempo que describe lo que paso y sigue pasando, intenta explicaciones de lo acaecido, o al menos las delinea para que el lector pueda hacer un mapa mental de lo ocurrido. En un momento en que la verdad es centro de debate en Colombia, pues lo que está en disputa es una versión de la historia, del pasado y de la situación presente en el país, la memoria resulta una estrategia política, social y cultural de gran relevancia. En nuestro país la historia, el relato escrito de lo acaecido, debe ser una apropiación del lector deliberativo. Más que solo verdades, necesitamos verdades con eficacia, verdades que permitan producir procesos de justicia, construir cambios sociales, avanzar en la condena social. 

En ese sentido debe seguir siendo una exigencia el conocimiento de la verdad sobre los crímenes y las vulneraciones de derechos humanos cometidos por los paramilitares, lo que incluye estrategias que contribuyan a que los paramilitares que se han acogido a la Ley de Justicia y Paz - pero también los que han sido extraditados -, sigan rindiendo versiones libres y pagando las penas por los delitos cometidos.

Si ha existido una alta demanda para los paramilitares sobre los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, ¿qué se le va a exigir a las guerrillas en una posible negociación? Evidentemente debe construirse una balanza entre justicia-verdad y paz. Y aunque esa balanza lleve a negociar las penas, como se ha hecho con los paramilitares, lo que debe estar fuera de cualquier negociación es el sentido final de la justicia y la verdad. Está aún por construirse las demandas de justicia y verdad, así como el proceso que lleve a la desmovilización de las guerrillas, quienes también han cometido serias vulneraciones a los derechos humanos en el país. 

La verdad de lo acaecido debe ser plenamente conocida, tanto de lo que han hecho guerrillas y paramilitares como Estado, Fuerzas Armadas, narcotráfico y sus diversos aliados. En relación a la verdad no es necesario establecer medidas ni dosis, cualquier sociedad necesita saber que paso en toda su dimensión. Lo que debe ser mucho más discutido es el sentido y el valor de la justicia. Las penas que han recibido los paramilitares dentro del proceso de desmovilización no se caracterizan precisamente por ser penas altas ni acordes a los crímenes cometidos, y partiendo de un principio de realidad seria casi que imposible tener a paramilitares, guerrillas, políticos y militares involucrados en la violencia en la cárcel.

Para alimentar el debate, debe haber distinción de actores y de sus actos, debe haber penas ejemplares, pero también debe haber claridad histórica de quienes son los responsables “intelectuales” de la situación actual del país. Frente a la justicia puede haber dosis en las penas, sin embargo la medida es aquella que respeta el valor de la justicia como un acuerdo social desde el cual se imponen “penas ejemplares” que contribuyen a la no repetición de los hechos. Ese sentido de justicia puede ser alcanzado junto con otras herramientas y estrategias de sanción social.

La construcción de un relato histórico que resulta crucial en la actualidad – tarea de grupos e instituciones estatales, de la academia pero también de las organizaciones sociales y de disciplinas como la historia -, debe aportar a procesos que permitan la apropiación por parte de los individuos de la historia reciente del país con el cuidado de no igualar lo que no es igual (guerrillas y paramilitares), con la prudencia de identificar responsables y la gravedad de los actos que cometieron (alzados en armas, políticos, Fuerzas Armadas) y señalando los puntos en común de los actos de los diversos actores del conflicto: vulneraciones a los derechos humanos.

Una historia apropiada a través de procesos de memoria colectiva permitirá que incluso mujeres y hombres no activistas, intelectuales o académicos, identifique su responsabilidad en el estado actual de cosas. Serán este tipo de procesos colectivos y públicos los que permitirán ir construyendo nuevos arreglos éticos y culturales entre las y los colombianos. Indudablemente algo se ha quebrado en una sociedad que parece callar ante atrocidades como masacres, desapariciones, descuartizamientos y otra serie de estrategias de guerra que terminan siendo invisibilizadas por el miedo y por la construcción mediática y parcializada del conflicto.

A una visión global y sopesada del conflicto acorde con los actores y sus responsabilidades deben contribuir procesos de verdad y justicia, articulados en torno a la memoria como un ejercicio de recordar lo acaecido pero también de sacar “provecho” de lo vivido. La memoria en ese sentido es una estrategia de lucha, es la manera de recuperar del pasado y el silenciamiento las luchas de una generación que ha querido ser desconocida y que ha sido estigmatizada.

Siguiendo a Nietzche (1874) la historia se escribe siempre desde la perspectiva del presente y satisface una necesidad del momento. El presente propone los problemas que se estudian desde un punto de vista histórico. En palabras de Foucault “La historia no es más que un preparativo del presente si se permite que el concepto de causa predomine sobre el efecto (material) y si se deja que la continuidad invalide las discontinuidades que muestran las prácticas” (Foucault citado en Lechte, 1994: 148) . En ese sentido entiendo la memoria como una forma de generar una discontinuidad en la historia de Colombia y la acción de las víctimas y de sujetos históricamente discriminados como la posibilidad de otra discontinuidad y de cambio en la linealidad de la violencia en nuestro trasegar histórico. Lecht plantea, resumiendo a Nietzsche y a Foucault que “la genealogía es la historia escrita en virtud de los intereses actuales. Es la historia escrita con arreglo a un compromiso con los problemas del momento actual y, como tal interviene en el momento actual. Es decir, la genealogía (de Foucault) es la historia eficaz (Nietzche), elaborada como una intervención actual” (Lechte, 1994: 149).

 

1. Posibilidades y retos

En manos de la sociedad civil puede estar la salida a un conflicto tan prolongado como el colombiano. En principio es ella en su ejercicio del voto quien definirá el camino posible por recorrer en los próximos cuatro años, depende de las organizaciones sociales y de las figuras públicas que trabajan por la paz convocar a las y los colombianos a entender el conflicto en su dimensión holística e histórica y seducirle para que privilegie la vía del diálogo en contra de la guerrerista. Está en manos de  la sociedad civil, sobre todo de la organizada y de la academia construir un relato que contribuya a entender y a explicar lo que ha pasado en Colombia. Si ese relato se construye con la gente, de manera interactiva, a la manera de una memoria colectiva eficaz, las posibilidades de pensar y construir nuevos arreglos éticos en torno a la justicia y la verdad serán posibles.

Corresponde a las víctimas y a todo aquel y aquella que ha sido objetivo de la guerra en Colombia visibilizar porque ocurrieron las vulneraciones contra ellos y/o sus seres queridos. Desde procesos de extensión del “trauma”, del “dolor”, pero sobre todo de la conciencia de las vulneraciones sobre los derechos humanos será posible decir NO MÁS y pasar del decir al hacer.

En un escenario de tantos retos y concibiendo los procesos de negociación del conflicto como posibilidades, es necesario pensar conscientemente la democracia y lo que con ella queremos denotar. En un país formalmente democrático la carencia de esa práctica política y cotidiana ha sido obvia. Nutrir la discusión de las negociaciones de paz con los procesos incipientes de democracia directa y participativa en lo local puede permitir avanzar en un nuevo modelo político y de sociedad donde sea posible una democracia radical u otro tipo de arreglo en comunidad.

La construcción de esta posibilidad presente, de ese camino consiente desde la guerra hacia la paz y a otro tipo de sociedad depende también de la comunidad internacional. El conflicto de Colombia dejo de ser interno para convertirse en preocupación de la región y del mundo. Con nuevos gobiernos en América Latina más cercanos a la izquierda es fundamental entender que las solidaridades de América del Sur tienen mucho por hacer para contribuir a la resolución del conflicto en Colombia.

En la actualidad el reto de la democracia no es solo para Colombia sino para otros países de la región, incluido Estados Unidos, el cual tiene como una de sus tareas construir realmente y más allá del discurso otras relaciones con el sur, relaciones equitativas que denoten ese ideal llamado democracia fuera de la casa, camino en el que este país debe ser consciente de las implicaciones de su intervención en nuestros países y consecuente en su actuación. Le corresponde a las y los norteamericanos exigir que su dinero no sea mal invertido en Colombia en un Plan Colombia que no ha contribuido a que disminuya el cultivo de la droga, con estrategias que dañan el medio ambiente, con dinero para derechos humanos, fuerza pública y estrategias de guerra que contribuyen a las vulneraciones de derechos humanos en nuestro país. También es tiempo de que el concepto terrorismo se elimine del argot pues ha contribuido a tener una mirada apasionada pero poco comprensiva de la realidad del país, a cerrar las puertas a la vía del diálogo y la negociación, a privilegiar la guerra y contribuir a la estigmatización de la oposición política.

Las últimas líneas de este escrito se dirigen a la democracia, una forma política que debe ser finamente definida en toda la región para que su invocación no termine sirviendo para todo, inclusive para los más aberrantes actos como golpes militares; políticas de seguridad democrática que vulneran derechos como la vida, la libre expresión, la libertad; o gobiernos de tipo populista que se aferran a un solo personaje desconociendo la necesidad de “compartir poder”, de rotar liderazgos y de construir seres autónomos con poder de decisión. Colombia como otros países necesita mujeres y hombres que ejercen sus derechos de manera consciente y real, seres comprometidos con información pertinente y atinada que contribuye a que tomen decisiones más ponderadas y racionales, menos sesgadas, mesiánicas y mediáticas. En la memoria puede estar una de esas posibilidades, una estrategia que activa la capacidad analítica y de compromiso de las personas, y que junto con otras premisas como la actuación directa y protagónica de otros sujetos sociales - incluidas las víctimas -, en la exigencia de negociación del conflicto, pueden desempantanar la situación actual y exigirle a los actores en confrontación sentarse a negociar y a debatir con ellos y ellas.

 

 

 

 

 

 

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