La Letra Ausente
 www.laletraausente.com

SECCIÓN: DE CUERPO PRESENTE

 

JUSTICIA, MEMORIA, REPARACIÓN E IMPUNIDAD.

UNA PERSPECTIVA DE LAS HIJAS E HIJOS POR LA MEMORIA Y LA IMPUNIDAD EN COLOMBIA, CAPÍTULO MÉXICO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introducción.

Para este evento se nos pidió no centrarnos tanto en el caso colombiano, sino más bien presentar unas ideas generales sobre lo que entendemos por memoria, justicia, reparación e impunidad. No hemos querido ser tan juiciosos y hemos optado por dar un poco de las dos cosas.

Así, esta intervención está dividida en dos partes: primero una breve presentación del contexto colombiano (1); para después ir entrando en materia y presentar la forma en que estamos entendiendo la memoria, la reparación, la justicia, la impunidad y las relaciones entre ellas (2).

1. El contexto colombiano.

En esta ocasión no voy a profundizar en las raíces históricas del conflicto social, político y armado que vive Colombia desde hace más de 60 años, ni ahondaré demasiado en las causas estructurales del mismo; más bien, me interesa señalar que desde el año 2003 se viene adelantando un extraño proceso de negociación y desmovilización de los grupos paramilitares, amparado en distintas leyes de justicia transicional creadas explícitamente para este propósito1 1.

Digo que es un proceso extraño porque se supone que una negociación de este tipo se da entre actores claramente diferenciados, y con lecturas y propuestas de sociedad opuestas; en este caso ninguna de estas condiciones se cumple plenamente:

En lo que tiene que ver con la diferenciación entre los actores que negocian, se han establecido –incluso jurídicamente- múltiples nexos entre soldados y comandantes de los grupos paramilitares y sus pares dentro del ejército colombiano; paralelamente, se ha venido confirmando la sospecha respecto a las relaciones entre la violencia y los resultados electorales recientes: decenas de congresistas han pasado por los tribunales y calabozos una vez que se ha comprobado que obtuvieron sus votaciones gracias a la coacción de los grupos paramilitares sobre la población civil2 2.

Estos procesos de esclarecimiento y judicialización no se han dado por iniciativa del gobierno actual, como éste suele afirmar; en cambio, han sido fruto de una fuerte y organizada presión por parte de los grupos de víctimas de crímenes de Estado y paramilitarismo en asocio con organismos no gubernamentales y de defensa de los derechos humanos en Colombia y el extranjero. Era de esperarse que así fuera, lo sorprendente habría sido que quienes se beneficiaron de la violencia la hubiesen investigado y juzgado adecuadamente.

Por otra parte, hay que decir que la negociación, esclarecimiento y judicialización no han sido las únicas partes del proceso que han presentado marcadas fallas desde su concepción hasta su ejecución; el proceso mismo de desmovilización ha sido limitado, superficial y artificioso, por decir lo menos:

Limitado porque no se han acogido a él todos los bloques paramilitares; superficial porque no se han investigado suficientemente las conexiones entre los grupos paramilitares y los grupos políticos y empresariales regionales, nacionales y multinacionales, en lugar de ello, se han mantenido e institucionalizado las posiciones de poder conseguidas a través de las armas, muestra de ello es que se ha intentado dar a manos privadas las tierras incautadas a paramilitares, en lugar de restituirlos a las comunidades desplazadas3 3; y artificioso porque está comprobado que muchos de los desmovilizados en actos oficiales no eran realmente paramilitares sino civiles obligados o pagados para estar allí, mientras tanto, en las calles y veredas, los verdaderos paramilitares siguen operando, ahora con nuevos nombres, como Águilas Negras, o las muy irónicas ONG: Organización Nueva Generación.

Es de este contexto social, político y armado del que estamos hablando cuando decimos Colombia, y es en él que surge hijas e hijos por la memoria y contra la impunidad como parte de un movimiento más amplio que exige que se construyan herramientas jurídicas, comunicativas y pedagógicas que permitan salir de la ignominiosa impunidad en que se encuentran los crímenes de Estado en el país e ir dando pasos hacia la justicia, la reparación y la transformación de la memoria nacional.

1. Nociones y relaciones entre la memoria, la justicia, la reparación y la impunidad.

Decía Norbert Lechner que la definición del concepto de política es un campo de lucha política, esta idea se aplica a la definición de la memoria, la justicia y la reparación, que no son conceptos neutros; por el contrario, cuando hablamos de memorias de pasados violentos y de justicia y reparación frente a los mismos tenemos que partir de que su definición es un campo de lucha política entre los distintos actores implicados. Situación aun más marcada cuando estos pasados violentos siguen abiertos en el presente, cuando los actores de la guerra que recordamos y juzgamos siguen detentando poder armado y civil y a través de éstos persiguen a quienes los denuncian.

Dentro de esta batalla por la definición hemos optado por una visión amplia de la memoria y sus usos. Consideramos que reconstruir la memoria pasa en primer lugar por reconocer a las personas que han sido víctimas del terrorismo de Estado: buscamos reconocer sus rostros y sus voces, sus relaciones con el mundo de la vida cotidiana, su faceta personal.

En un segundo momento, nos parece indispensable reconocer también la dimensión política de estas personas: los procesos y organizaciones de las que han hecho parte, las reivindicaciones y programas por los que lucharon.

En tercer lugar, reconociendo dichas reivindicaciones y programas, revisarlos a la luz del presente, reconocer las transformaciones de las problemáticas y acercarnos a las y los actores sociales y políticos que hoy en día dan fuerza a estas demandas, esto es lo que podríamos llamar una memoria para la resistencia.

Por otra parte, consideramos que también debe existir una memoria para la denuncia de la sistematicidad de los crímenes de Estado, con esto me refiero a que recordamos los crímenes cometidos por el Estado en contra de estas personas no fueron aleatorios o inexplicables, por el contrario se cometieron porque militaban dentro de proyectos sociales y políticos que proponían transformaciones dentro del mundo social.

Aquí es indispensable recordar los hechos violentos sucedidos, investigar las motivaciones y justificaciones que se han dado para cometerlos, denunciarlos públicamente, y sobre todo, tejer relaciones entre hechos violentos sucedidos en distintos tiempos y espacios, que para el observador desprevenido pueden parecer inconexos, pero que obedecen a políticas sistemáticas diseñadas por poderes políticos y económicos regionales, nacionales e incluso continentales.

Nuestra intención al apoyar este tipo de memoria es mostrar que aquello que el Estado y los medios de comunicación presentan como casos aislados, como manzanas podridas, como actos individuales, en realidad obedece a órdenes emanadas desde centros de poder identificables, que existen claras cadenas de mando, y que quienes están en su cima, deben ser juzgados y asumir responsabilidades políticas, jurídicas y económicas. No es posible que se siga juzgando únicamente a los actores materiales de los crímenes de Estado en lugar de juzgar a los autores intelectuales del terrorismo de Estado.

Finalmente, apostamos por una memoria para la no repetición, ya que consideramos que es importante que las sociedades conozcan y se confronten no sólo con los hechos específicos de violencia sino con los procesos que hicieron posible que ellos sucedieran. Me refiero aquí a una memoria que sirva para reconocer en las pequeñas semillas del presente la raíz de posibles violencias en el futuro: alguna vez un sobreviviente de los campos de concentración afirmaba que a él le interesaba recordar la forma en la que Hitler había llegado al poder en 1939, para evitar que a comienzos del siglo XXI fuera Jean Marie LePen quien llegara a la presidencia de Francia y tomase medidas xenofóbicas similares a las de Hitler. Para mí, esto es la memoria para la no repetición, aquella que nos permite desnaturalizar elementos aparentemente inofensivos en los que anida la barbarie.

Ninguno de estos usos de la memoria actúa por separado, pero cuando trabajamos con la memoria es importante recordar que ellos existen para que nuestro trabajo sea más completo. Ellos tienen en común que reconocen el carácter político del pasado, es decir, que la violencia sucedida no es fruto de una generación espontánea, sino que responde a profundos conflictos sociales y políticos que deben ser resueltos si se busca construir la paz y la reconciliación. Esta visión de la memoria se opone a la que muchas veces se propugna a través de los modelos de justicia transicional, en los que se cree que la reconciliación es una obligación que se impone por decreto y que con el solo hecho de admitir que sucedieron ciertos sucesos, desconectados de sus causas, es suficiente para seguir adelante como sociedad. Esta visión de la JT se parece más a una pax de los vencedores que a la paz de la transformación social.

Ahora, acerca de las relaciones entre memoria, justicia e impunidad, se podrían delinear las siguientes: es claro que una memoria que denuncia la sistematicidad de la violencia está en contravía con los procesos de impunidad impuestos desde el mal gobierno, ya que constantemente pone el dedo sobre la llaga de aquello que se quiere ocultar. Frente a gobiernos como el de Álvaro Uribe Vélez que condecoran a los violadores de derechos humanos y los declaran grandes patriotas4 4, nuestra misión es mostrar cómo estos supuestos padres de la patria en realidad han sido enemigos de nuestros hermanos.

Así, si la impunidad propone una pax de vencedores, la institucionalización de las posiciones de poder conseguidas a través de la fuerza y la normalización de la violencia como forma de control social, nuestra propuesta de una memoria para la no repetición busca deconstruir estos tres elementos y construir propuestas alternativas de sociedad en las que sea posible construir los distintos mundos soñados, propuestas que buscamos impulsar a través de la memoria para la resistencia.

En lo que toca a la justicia, considero que éste es un tema absolutamente inseparable de la memoria; la justicia frente a hechos violentos tiene al menos dos facetas: la que se dirige a los victimarios y la que se dirige a las víctimas. En el primer caso, buscamos que la memoria se convierta en un insumo que aporte a la identificación y juzgamiento de los responsables de las violaciones a los derechos humanos, civiles y políticos.

En el segundo caso, aun cuando partimos de que hay hechos simplemente irreparables, es importante que la justicia contemple esfuerzos por reparar a las víctimas en distintos niveles: por ejemplo, frente al tema del desplazamiento forzado es necesario que se restituyan las tierras que fueron expropiadas violentamente a los campesinos y que hoy día se encuentran en manos de terratenientes y empresarios; esta restitución debe además incluir los bienes que se encontraban en estas tierras e ir acompañada de políticas tendientes al fortalecimiento de los proyectos de vida de las comunidades desplazadas.

Esto no puede confundirse con la simple implementación de servicios sociales a los que cualquier colombiano tiene derecho, como son la educación y la salud. En algunas de sus intervenciones, la comisión nacional de reparación y reconciliación ha intentado disolver las diferencias entre reparación y servicios sociales, cree que con habilitar puestos de salud y escuelas en regiones apartadas ya está cumpliendo su misión de reparar a las víctimas de la violencia. No es posible que sólo mediante la victimización sea posible acceder a los derechos de la ciudadanía.

Por otra parte, más allá de las medidas de restitución económica, es necesario comenzar a pensar en estrategias tendientes a la reparación integral de las víctimas de la violencia. Estas estrategias deben partir del reconocimiento público por parte del estado de los crímenes cometidos y el juzgamiento de los mismos; la satisfacción del derecho a la verdad es un primer paso hacia la reparación y la reconciliación.

También debe pasar por la ubicación y exhumación de los desaparecidos, y la entrega de sus cuerpos a sus familiares. El derecho al duelo hace parte de la reparación, su negación hace parte de la continuación de un crimen que no prescribe.

Así mismo, en términos de restitución, esta no se limita a lo económico, ha de pasar por lo colectivo y lo político: los miles de diputados, congresistas, asambleístas, sindicalistas y líderes indígenas, afrocolombianos y campesinos perseguidos y asesinados por el Estado y los grupos paramilitares, y los movimientos a los que representaban deben ser restituidos en su derecho a formar parte de la construcción del orden social que viven.

Finalmente, cualquier intento de reparación, debe incluir una serie de medidas para la no repetición de la barbarie estatal, de nada nos sirve tomar medidas para reparar lo sucedido en el pasado si sobre el presente estos hechos se siguen cometiendo. La primera reparación en Colombia es desmontar a los grupos paramilitares y las estructuras de poder que los han movilizado y que se han beneficiado de su accionar.

Que la memoria de los crímenes del pasado nos sirva para exigir hoy el derecho a construir una propuesta de nación desde la izquierda. Que por fin podamos decir que la verdad nos ha hecho libres, para comenzar a pensar cómo es que la libertad nos hará verdaderos.